El Índice de Precios de Consumo (IPC) pisó el acelerador en agosto hasta el 4,3 % interanual. Este incremento de siete décimas respecto a julio supone la tasa más alta registrada en España desde febrero de 2023 y supera las previsiones del mercado, que situaban el indicador en torno al 4 %.

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La subida se debe al encarecimiento de los combustibles, por la inestabilidad en el mercado energético debido a los conflictos geopolíticos en Oriente Medio. Las tensiones en el estrecho de Ormuz y el descenso en las reservas mundiales de petróleo han mantenido el barril de crudo Brent cerca de los 90 dólares, encareciendo el transporte y los suministros.
En respuesta a la volatilidad de los precios, el Gobierno aplicará la cláusula de salvaguarda en las ayudas al transporte. La bonificación al diésel aumentará a 20 céntimos por litro al haber superado el umbral de subida previsto, mientras que la ayuda a la gasolina se reducirá a 5 céntimos por litro.
En cambio, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados por la volatilidad de sus precios, se redujo una décima en agosto, hasta el 2,9 %, del 3 % registrado en julio. Esta diferencia evidencia que la presión sobre los precios se concentra en el componente energético y no se traslada al resto de la economía.
Sin embargo, los alimentos frescos han repuntado hasta el 4,5 % en agosto, frente al 2,3 % del mes anterior, por el impacto de las olas de calor en el campo y el aumento de los costes logísticos.
Las estimaciones del Banco Central Europeo (BCE) indican que las tensiones sobre los precios persistirán durante el resto de 2026. La moderación de la inflación podría retrasarse hasta el primer trimestre de 2027, según cómo evolucione el conflicto internacional y cómo impacte a la oferta de petróleo.
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